El nuevo régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) de Ecuador, iniciado por el presidente Daniel Noboa, tiene como objetivo atraer una inversión extranjera sustancial al sector de infraestructura del país. El esquema, desarrollado con la Corporación Financiera Internacional (CFI), abarca actualmente proyectos que superan los 10.000 millones de dólares, cubriendo sectores como saneamiento, energía, telecomunicaciones y transporte. Los abogados locales, incluido nuestro Socio Javier Robalino, consideran que el nuevo régimen es más flexible y robusto que la legislación anterior. El gobierno proyecta que cada 1.000 millones de dólares invertidos generarán entre 30.000 y 40.000 empleos directos e indirectos. Para hacer estos proyectos más atractivos, el esquema de APP incluye garantías regulatorias, como contratos a largo plazo y protecciones de derechos de propiedad, gestionadas a través de vehículos de propósito especial para asegurar el retorno de los inversores.

Sin embargo, el éxito de este ambicioso plan depende del resultado de la próxima segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aunque el régimen actual se considera prometedor, persiste la incertidumbre sobre el compromiso y la implementación de la nueva administración. Los abogados enfatizan que la voluntad política es crucial para avanzar y estructurar proyectos de APP viables. A pesar de los posibles retrasos debidos a las transiciones gubernamentales, existe optimismo, basándose en ejemplos exitosos de Chile y Perú, donde los marcos de APP han persistido e incluso mejorado a través de los cambios políticos. Los profesionales del derecho anticipan una mayor demanda de servicios especializados en financiación de proyectos, derecho regulatorio y ESG, aconsejando a las firmas que amplíen su experiencia en APP y fomenten alianzas estratégicas para capitalizar el crecimiento del sector.

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